El colapso del (des)orden neoliberal, América Latina en llamas.
El próximo 4 de julio se dará cita la
Convención Constitucional que redactará la nueva carta magna del vecino país.
La semana entrante, el día 4 de julio de 2.021, se dará inicio a las
sesiones para redactar el nuevo texto de la Constitución en Chile; día coincidente
con la conmemoración de los 210 años desde la instauración del primer Congreso
Nacional en ese país.
El proyecto normativo, tendrá un plazo de hasta un año para ser escrito; se
ha previsto un trabajo de 9 meses, que pueden ser prorrogables por 3 meses
adicionales; luego el texto definitivo será sometido, por Referéndum, a
votación popular de carácter obligatoria, para su aceptación o rechazo.
La nueva constitución, será la primera en ser escrita por representantes
de la ciudadanía elegidos de manera democrática, y reemplazará la actual, que
fuera promulgada en 1980, durante la dictadura de Pinochet.
Si bien la carta magna ha sido modificada en 31 oportunidades, las
mayores reformas fueron las de los años 1989 y 2005; donde en la primera se
establecieron las leyes de amarre, y, la segunda, puso fin los cargos
vitalicios y designados de senadores, la inmovilidad de los comandantes en jefe
de las Fuerzas Armadas, y dejó sin efecto otras normas establecidas por la
dictadura.
En esta ocasión, la demanda social es tener una nueva constitución,
redactada de cero de manera completa, que no termine siendo una mera reforma de
la existente, o solo simples cambios estéticos, que no modifiquen cuestiones de
fondo.
El proceso comenzó con un plebiscito, en octubre de 2020 donde el 78% de
los votantes reafirmó la necesidad que la misma sea llevada a cabo mediante un
órgano donde los representantes sean en su totalidad electos de manera
democrática, y no por los actuales parlamentarios.
El llamado a conformar la Convención Constitucional.
El proceso electoral se llevó a cabo el 15 y 16 de mayo de este año,
donde la ciudadanía chilena pudo elegir de entre casi 1300 candidatos a los
miembros de la Convención Constitucional, que serán los encargados de escribir
el nuevo texto.
La conformación de este cuerpo es algo inédito a nivel mundial, debido a su carácter igualitario e inclusivo, ya que contempló, en la composición de listas, la paridad de género y 17 escaños se reservaron para representantes de comunidades aborígenes.
El órgano constituyente quedará conformado por 78 varones y 77 mujeres.
Es destacable, que la edad promedio de quienes resultaron electos es de 45
años, y al menos 6 personas pertenecen a la comunidad LGTBI.
En las listas, irrumpieron gran cantidad de candidaturas independientes,
de personas que no responden a partidos políticos tradicionales, ni pertenecen
a la casta política chilena. Se trata de líderes territoriales ambientalistas y
feministas, que surgieron con las protestas populares de 2019 y 2020, y que
ocuparán 48 de los escaños de la asamblea.
Estos resultados expusieron el potencial de las movilizaciones sociales,
en cuanto a la cantidad y diversidad de grupos que buscaron expresar estas
demandas; y también, su lado débil, al no poder reconocer esta capacidad en una
figura o líder político.
Lo que quedó demostrado, es la gran desconfianza de la ciudadanía en los
partidos políticos tradicionales como canalizadores de sus reclamos, y el
sentimiento general de repudio a la casta política chilena.
Para aceptar el llamado a la Convención Constitucional, desde los
sectores de derecha, se había puesto como condición, a las fuerzas
parlamentarias opositoras, la regla de los dos tercios, tanto, para lograr el
quórum, como para poder aprobar los contenidos de la nueva carta magna; y, por
otro lado, respetar la intangibilidad de los tratados comerciales existentes,
ratificados por Chile.
Esto fue denominado “Acuerdo por la paz”, y luego de la elección ha sido
puesto en debate público, debido a que varios convencionalistas han brindado
declaraciones llamando a «hacer efectiva la soberanía popular de la
constituyente», en referencia a las reglas de funcionamiento impuestas a la
convención. Por el contrario, voceros oficialistas sostienen que las reglas
habían sido aceptadas por la ciudadanía cuando se realizó el plebiscito en
octubre del año pasado.
De esta manera, el gobierno y sus aliados, se aseguraban el control del
proceso asambleísta, de haber contado con el 35 o 40% de la votación popular;
sin dudas, los resultados electorales fueron un duro revés para Piñera y la
derecha, en cuanto al sostenimiento del sistema económico neoliberal de
gobierno, que en Chile data desde el año 73.
La suma de los escaños de independientes (48) y las listas de la
oposición Apruebo Dignidad (28) y Lista del Apruebo (25), supera los dos
tercios necesarios tanto para el quorum, como para el tratamiento de temas.
La Lista Vamos por Chile apoyada por el presidente Piñera, que representa
la derecha oficialista, se queda con 37 escaños, bastante lejos de los
necesarios para poder controlar el contenido de la nueva constitución, o, vetar
artículos.
Elecciones de gobernaciones, alcaldías y concejalías.
La elección de delegados para la Convención Constitucional, incluyó
además la de cargos a gobernadores, alcaldes y concejales, en las cuales la
derecha fue derrotada en municipios emblemáticos que funcionaban desde hace
tiempo como sostén del gobierno.
El oficialismo pierde las municipalidades de Santiago, Viña del Mar,
Ñuñoa y comunas importantes como la de Maipú y Valdivia.
A diferencia de la elección de convencionales, en la de concejales
municipales no se permitió la presentación de listas independientes, con lo
cual los electores tuvieron que optar por alguno de los signos partidarios
tradicionales.
En la elección de convencionales, se constató la real pérdida de votos de
los partidos tradicionales, a favor de las candidaturas independientes y de
pueblos indígenas, que rondó en los 2 millones 500 mil votos.
La participación ciudadana en las elecciones fue bastante baja, hubo un
60% de ausentismo considerando el total de electores según el padrón; votando
un 10% menos de personas que lo habían hecho en el plebiscito de octubre
pasado.
Se especulaba que la baja participación de los comicios favorecería a la
derecha, debido a que los mayores porcentajes de votación se constataban en las
comunas ricas; pero resultó la peor elección que tuvo la derecha desde 1965, a
punto tal que la Democracia Cristiana solo contará con 3 representantes
constitucionales.
La realidad chilena.
Sin dudas la ciudadanía chilena ha mostrado su disgusto en esta votación
con el gobierno de Piñera. Algunas de las razones que se analizan, son por un
lado la deficiente atención y gestión durante la Pandemia por covid19, y, por
otra parte, la brutalidad y el uso de la fuerza represiva en el control de las
protestas ciudadanas que comenzaron en octubre de 2019.
Estos reclamos populares en contra del gobierno, surgieron como
manifestaciones aisladas en las principales ciudades de Chile, convocadas por
grupos de estudiantes que se quejaban por la suba de la tarifa del transporte
fundamentalmente, y de otros servicios como agua, combustible, luz y
alquileres.
Estas protestas que se sucedieron desde entonces y durante el 2020,
fueron controladas mediante el uso brutal y desmedido de la fuerza pública y
desataron la reacción en masa del pueblo chileno, que, oprimido por las
políticas neoliberales desde hace décadas, salió a las calles a lo largo del
país, haciendo que su grito traspase las fronteras y se escuche en todo el
planeta.
Al respecto, Isabel Allende escribió lo siguiente:
“En Chile, que supuestamente goza de estabilidad, han estallado graves
protestas populares con actos de destrucción y pillaje. Son la expresión
iracunda de un pueblo frustrado. Esta crisis no se resuelve con los militares
en la calle, se requieren cambios profundos. El sistema neoliberal basado en el
lucro ha vendido o privatizado todo: la educación, la salud, el agua, el gas,
el transporte colectivo, etc. La desigualdad social y económica es vergonzosa.
La gente está enfurecida por los sueldos de hambre y el costo de la vida, que
obliga a la gran mayoría a vivir a crédito o en la pobreza, mientras los ricos
viven en su burbuja, evadiendo impuestos y acumulando más y más. Esto
inevitablemente crea violencia y en algún momento estalla. Así han comenzado
todas las revoluciones.”
En un país capitalista periférico como Chile, el desarrollo de las
capacidades productivas se ha visto truncado por la permanencia del modelo
productivo extractivista, con gran impacto no solo en lo ambiental, sino en las
condiciones salariales y laborales de sobreexplotación impuestas por empresas
de carácter extranjero.
En referencia a las privatizaciones de la explotación de cobre, esta ha
aumentado exponencialmente desde la dictadura. Antes, solo el 13% de la
producción estaba en manos de privados; hoy el 70% es realizada por empresas
privadas.
Un servicio básico como lo es la provisión de agua potable, se transformó
en un gran negocio oligopólico, donde el 97% de los consumidores pagan altas
tarifas por el suministro a privados, debido a la venta de empresas, por parte
del Estado con la venia del Congreso Nacional.
La ideología liberal chilena, las imágenes de éxito del sistema político
y económico difundidas desde los medios de comunicación, y las relaciones de
poder instituidas y fomentadas por la elite empresarial, fueron perdiendo su
brillo ante las consecuencias palpables de dicho modelo.
Los grandes beneficiados han sido solo los inversionistas, muchas veces
favorecidos por la corrupción de la casta política, que se han constituido como
una minoría cada vez más rica y poderosa; todo ello a costa de la decadencia en
la prestación de servicios básicos para las mayorías como son la salud, la
educación y la seguridad social.
No hay que dejar de considerar que Chile, a nivel mundial, es uno de los
países que tiene los índices más elevados de endeudamiento de hogares.
Como consecuencia de todo ello, las personas que pertenecen a sectores
populares poseen trabajos precarizados, con sueldos por debajo de los índices
de pobreza, están altamente endeudados y sin posibilidad de acceder a servicios
básicos que se encuentran privatizados.
El futuro mediato.
El país está en una gran crisis política y social donde, la desigualdad
de clases es abismal, con mucho descontento por parte de la ciudadanía, que ha
visto en las manifestaciones populares la posibilidad de demostrar su enojo, y
hacer escuchar sus reclamos.
Debemos observar que muy pocos Convencionalistas han planteado la
necesidad de una verdadera reestructuración del sistema capitalista neoliberal
imperante, con un control de la explotación de las riquezas naturales, y de los
precios de servicios básicos.
La mayoría de las posturas de los independientes son más bien
sectorizadas, a favor de la mejora de los sistemas de salud y educación, del
sistema previsional, de cuestiones ambientales, de igualdad de género y
diversidad, o atención de demandas históricas de comunidades indígenas.
Los discursos pueden ser de ideas antineoliberales, pero no están cerca
de ser anticapitalistas, en este país donde, todo un pueblo, pone sus sueños y
esperanzas en una nueva constitución, que abra el camino a un nuevo comienzo,
con más igualdad, más democracia, mayor bienestar y dignidad.
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